La Cámara de Senadores envió al archivo el proyecto de ley que criminaliza el cierre de rutas, presentado por el senador colorado, Enrique Riera. El documento establecía una pena de seis años de cárcel en caso de que se cierre, obstruya o demore la libre circulación de personas y bienes por las rutas nacionales o internacionales o cualquier otra vía pública de tránsito y eleva a seis años si hay violencia.
Los que rechazaron el proyecto, una mayoría de 26 senadores, sostuvieron que existe el temor de que aprobando este proyecto se abra la posibilidad de criminalizar también otros tipos de manifestaciones. Algunos incluso argumentaron que la iniciativa supone una restricción del derecho a la manifestación y puede distorsionar y afectar otros derechos más. En síntesis, pidieron una decisión política para rechazar el proyecto y así fue la decisión
Por su parte, el proyectista, Enrique Riera, lamentó que se haya tomado una decisión política porque en definitiva «los más perjudicados no serán los poderosos sino los comunes». Riera tuvo el apoyo de los senadores del Partido Patria Querida y del Movimiento Honor Colorado.
El proyecto fue rechazado con 26 votos a 13. No se podrá volver a tratar otro igual sino después de un año.
El senador, Carlos Filizzola, afirmó que quienes apoyan este proyecto de ley deberían «ir a buscar soluciones a los problemas que desencadenan las protestas, pero no les interesan». Filizzola votó en contra del proyecto.
Al término de la sesión del Senado, Riera dijo: «Perdimos otra oportunidad de garantizar a los 7 millones de paraguayos el derecho de transitar libremente por nuestro hermoso país. Con la mentira que pretendíamos “criminalizar” protestas, el vigente pacto abdo-liguista, demostró que goza de buena salud. La lucha por la democracia continúa. Lamento profundamente que no distingan entre derecho a libre tránsito (absoluto) y de manifestación (limitado y regulado en la ley 1066/97 hace 25 años). Mienten para confundir. Si queremos democracia, debemos proteger a quienes cumplan la ley», indicó.
Sin embargo, se impuso la decisión política y el proyecto fue archivado.
