Aplican condena baja a Cynthia Tarragó y en breve quedaría libre

La exdiputada Cynthia Tarragó Díaz fue condenada a 2 años y 9 meses de cárcel, por un juez del estado de Nueva Jersey. Ya lleva presa 2 años 5 meses por lo que saldría libertad en 5 meses y lo deportarían o en todo caso le darían un plazo para abandonar el país norteamericano con la visa cancelada, explicó el abogado Marcio Battilana, defensor de la exlegisladora Colorada. 
Tarragó, de 42 años, se había declarado culpable el 15 de setiembre del 2021, por su papel en una trama internacional de blanqueo de capital.

Deberá pagar 119 mil dólares de multa. Su esposo, Raimundo Va, de 45 años, que admitió su culpabilidad un día después, escuchará su sentencia el próximo 14 de abril.
Ambos fueron detenidos el 21 de noviembre de 2019 cuando aterrizaron en el aeropuerto de Newark (Nueva Jersey).

Tarrago fue miembro del Congreso hasta principios de 2019 y a finales de ese año había anunciado su intención de aspirar a la Intendencia de Asunción
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, mientras ocupaba su cargo, Tarrago y su esposo acordaron aceptar unos dos millones de dólares de dos personas que se presentaron como narcotraficantes, -y que en realidad eran agentes del FBI- y blanquearon los fondos a través de una red internacional de cuentas para disfrazar su origen ilegal.

Junto con el matrimonio fue acusado del mismo cargo Rodrigo Alvarenga Paredes, alto dirigente de una empresa de cambio de moneda paraguaya y que aún se encuentra en nuestro país.

Según la acusación que le presentó el Departamento de Justicia, Tarrago “se ofreció descaradamente a lavar el producto del tráfico internacional de drogas e incluso llegó al extremo de ofrecer traficar con cocaína ella misma”.

Durante la investigación, los agentes encubiertos se reunieron con Tarrago y Va en Estados Unidos en numerosas ocasiones y obtuvieron grabaciones de video y audio de sus interacciones con el matrimonio, que incluyen detalles de la red de lavado de dinero.

La Fiscalía explicó que la operación encubierta se llevó a cabo como parte de una investigación de una red de blanqueo de dinero, durante la que se destapó que Alvarenga coordinaba el lavado de dinero que le proveían Tarrago y Va.

El cargo de conspiración de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500.000 dólares o el doble del valor de los fondos involucrados en la conspiración.