Productor agrícola brasileño, imputado por delitos ambientales

Se trata de Carlos Vinicius Martins de Oliveira (41), oriundo de la ciudad de Ponta Grosa, y residente en el Paraná Country Club de Hernandarias. El delito se produjo en Santa Rita.

El fiscal Víctor Adolfo Santander presentó imputación contra el citado ciudadano de nacionalidad brasileña, de profesión ingeniero agrícola.

Los ilícitos supuestamente se cometieron en el municipio de Santa Rita y consistieron en hechos tipificados en el Art. 5, Inc. E., de la Ley 716/96, en concordancia con la Ley 294/ de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley 3742/09 “Del control de productos fitosanitarios de uso agrícola”, en concordancia con el Art. 4, del Código Penal, en calidad de autor, refiere el acta de imputación.

Según la investigación, la denuncia fue radicada el 6 de julio de 2021, y los hechos se habrían cometido en un complejo ubicado en la zona industrial del barrio 14 de Mayo del distrito santarriteño.

En el sitio, Carlos Vinicius realizaba almacenamiento, depósito y comercialización de sustancias químicas. En tal sentido, el mismo habría eludido obligaciones legales referentes a la aplicación de medidas de mitigación ambiental, cometiendo de esa manera delitos atentatorios contra el medio ambiente.

En prosecución de la pesquisa, la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente Nº 3 de Alto Paraná y Canindeyú, a cargo del fiscal Santander, detectó diversas irregularidades durante una intervención realizada en el lugar, el 22 de octubre de 2021, en cumplimiento del Auto Interlocutorio Nº 1012, emanado del Juzgado de Garantías, a cargo del magistrado Bernardo Silva Vera.

En la oportunidad, la comitiva tuvo el acompañamiento del técnico de la Dirección Especializada en Delitos Ambientales, ingeniero Luis Oviedo, y se constató diversas anormalidades. El depósito en cuestión contaba con canales laterales deficientes para caso de derrame, no tenía ventilación adecuada, existía un solo equipo de protección personal, no contaba con botiquín de primeros auxilios, ni detector de humo y el lavatorio de ojos no contaba con canilla. Además, la disposición final de los productos químicos dentro del salón no se encontraba de forma ordenada.

La comitiva igualmente halló varios bidones de productos agroquímicos en el quincho, que no tenían especificación alguna y que estaban en el pasillo de forma precaria. De la misma forma, se verificó la existencia de un pequeño depósito donde eran almacenados envases vacíos, en cantidad importante, que no fueron contabilizados por el fuerte olor que expedía.

Se constató además derrame de productos presumiblemente agroquímicos granulados, de color blanco, a suelo desnudo, también se comprobó que en el quincho había una habitación en cuyo interior se almacenaba bidones de cinco litros, conteniendo líquidos de supuesto agroquímicos, una bolsa abierta con la descripción fungicida. Por otro lado, en la parte posterior del inmueble, en la plantación de maíz y banana, se encontraron envases de plástico de plaguicida en el suelo, de manera precaria.
De mismo modo, se comprobó la existencia de un contenedor refrigerado para el almacenamiento de semillas, que no está contemplado en el proyecto ambiental. Mientras, en otro sector de la propiedad se observó una pequeña dependencia detrás del quincho, donde estaban almacenados productos utilizados por los propietarios para ensayos, en parcela demostrativa, que tampoco se describió en el proyecto ambiental.

RESERVA EXPRESA
Tras reunir los diversos elementos de sospecha, el fiscal Adolfo Santander dispuso la imputación de Carlos Vinicius Martins de Oliveira y solicitó reserva expresa para una eventual ampliación de la imputación contra otras personas, que podrían estar involucradas en la comisión de los hechos investigados. Esto considerando que existen informes requeridos que no fueron todavía contestados por diversas instituciones.

Por otro lado, el representante del Ministerio Público recomendó al Juzgado de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el extranjero, toda vez que el imputado ofrezca garantías suficientes que se someterá al proceso penal, de conformidad al Art. 245 del Código Procesal Penal, modificado por Ley 6.350/2019.